No es posible negar que hoy existe un extendido sentimiento de que nuestras instituciones fundamentales no cumplen adecuadamente los fines para los que han sido diseñadas. Lo exige no solo la descomposición del sistema político, sino la inanidad de los propios partidos, así como la pasividad o desconexión de los liderazgos económicos y sociales que deberían actuar como contrapoderes responsables.
Causas profundas de la crisis institucional
La reacción ante un fenómeno semejante excede claramente del consabido recurso a la reforma legal, como si estuviésemos hablando de un mero defecto de diseño institucional, sino que exige descender a un nivel mucho más profundo. Sólo una clara percepción de impunidad por parte de nuestros gestores públicos ha podido llevar a esta situación. Se ha descontado que la previsible deriva que implicaba esa ocupación partidista de la institución no iba a implicar coste alguno para ellos, ni siquiera para los que, situados en un nivel de decisión más alto, comparten esa misma visión por haber sido formados en ella.
El núcleo de una crisis institucional se forma cuando la institución deja de ser percibida como válida o justa por sus stakeholders: ciudadanos, usuarios, empleados o miembros. Este patrón describe la incapacidad de una institución para cumplir sus funciones esenciales. Es lo que la sociología denomina anomia institucional: el colapso de la estructura normativa interna. La percepción de impunidad está calando profundamente en el ciudadano, y tal cosa no sólo conduce al descrédito de la concreta institución afectada, sino de todo el sistema político que le sirve de amparo.
No se trata simplemente de que de manera puntual y aislada, como puede resultar casi inevitable, se detecte algún caso de mala práctica o incluso de pura corrupción, sino que muchas de esas instituciones presentan graves desajustes y conflictos de intereses en su funcionamiento ordinario, con el inevitable efecto de su descrédito ante los ciudadanos. El manifiesto alejamiento de muchas instituciones respecto de su sagrado fin de servicio público sólo puede encontrar su causa en una generalizada percepción de impunidad, tanto por parte de los sujetos encargados de dirigirlas, como de los ciudadanos obligados a soportarlas.
Errores institucionales y pérdida de legitimidad
A estos errores se añaden otros errores reaccionales del PSOE. El primero, es designar como Magistrados del Tribunal Constitucional a un ex ministro y a una ex directora general, con lo cual ha perdido legitimidad moral para criticar al PP por hacer lo mismo y por no haber renovado el CGPJ. Para afirmar esto creo que estoy legitimado moralmente, por ser, probablemente, uno de los contados Magistrados españoles, si no el único, que no regresó a la Carrera Judicial tras haber ocupado altos cargos como militante del PSOE, motivado por la tradicional ética profesional y socialista, lo que me obligó a ejercer la abogacía.
No está claro que este modelo de elección por los pares sea el que ha establecido la Constitución ya que el artículo 122.3 de la misma lo que dice es que los doce Vocales de la Carrera Judicial son elegidos “entre Jueces y Magistrados”, pero no “por Jueces y Magistrados”. Para paliar este error, el gobierno de coalición cometería otro error si, en vez de iniciar un procedimiento legislativo mediante un Proyecto de Ley, previos los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal, vuelve a tramitar una Proposición de Ley, esta vez sin enmiendas viciadas de nulidad, para aprobar de nuevo la reforma de la LOTC y la LOPOJ.
Manifestaciones de la crisis en el ámbito eclesial y parroquial
La crisis económica llega a todos los estamentos de la sociedad y la Iglesia no es ajena a los problemas de financiación. Desde una reflexión más global a la hora de valorar la crisis económica que afrontan muchas parroquias y diócesis desde el estallido de la pandemia, Enrique Lluch, profesor de Economía, es claro al señalar que, “hasta ahora, mucha gente no ha tenido ningún problema en confiar en instituciones de Iglesia como Cáritas, cuyo prestigio social es indudable, para contribuir a su labor con donativos”. Sin embargo, advierte, con la pandemia todo ha cambiado y ahora las parroquias están ante un problema, pues el cestillo se resiente y conseguir que se asienten otros modos de apoyo económico como un pago mensual no es tan fácil en determinados ámbitos.
La “crisis del cepillo”, el descenso radical de las aportaciones de los fieles a consecuencia de la pandemia, causa estragos en muchas parroquias. La reducción de los ingresos solo se ha mitigado en parte pese al levantamiento de las restricciones sanitarias, lo que ha bloqueado toda obra no esencial en los templos. En el caso de la Archidiócesis de Oviedo, el impacto de la pandemia se tradujo en una reducción de los ingresos cifrada en millón y medio respecto al año 2019.
Reducción de aportaciones y efectos concretos
- Las aportaciones de los fieles pasaron de 3,72 a 3,45 millones de euros en 2020.
- Las colectas disminuyeron en un 44%, quedando reducidas a 87.103 euros en algunos casos.
- La disminución de ingresos ha obligado a paralizar obras de mantenimiento y rehabilitación en templos.
“Realmente, ha sido una experiencia muy dura. Tuvimos las iglesias cerradas varios meses, y eso se notó en las colectas y en el cepillo. Al final del año, en nuestro caso, la reducción se situaba en torno al 60%”, relata un párroco afectado. La suspensión de ceremoniales como bodas o funerales también ha mermado la capacidad de generar ingresos en las parroquias.
Consecuencias organizativas y propuestas de cambio
Lluch ilustra con el ejemplo de lo que se vive en otros países, como Holanda, donde la Iglesia calvinista apuesta por un modelo diferente que implica a los fieles en la gestión comunitaria: “Hasta el punto de que ellos mismos, en el consejo parroquial, son los que eligen a su sacerdote”. Este sistema refleja que hay alternativas a la hora de implicar a los fieles en el día a día de sus comunidades, pudiéndose sentir realmente importantes con las estructuras necesarias para ello.
Fernando Bonete subraya que “no hay que perder de vista lo que significa el hecho económico para la Iglesia, estando en su corazón no el beneficio, sino el bien común, el bien de todas y cada una de las personas”. Como otro punto que debemos enfatizar, y es que los miembros de una comunidad tenemos la responsabilidad de ayudar a sostenerla. El experto en Comunicación Digital reclama que hay que poner en marcha distintas iniciativas que involucren a los fieles, siendo la primera “visibilizar los proyectos concretos en los que se emplea lo recaudado”. De este modo, “se motivaría a los fieles a que se sintieran parte de esa obra específica”.
Otra posibilidad práctica es la adopción de sistemas de donación digital: “Sería que cada vez más parroquias hagan lo que algunas ya han empezado a impulsar, como es la propuesta entre sus fieles para que puedan contribuir a través de Bizum. Un método facilísimo que nos permite ayudar en cualquier momento, no solo en la hora de la misa del domingo”.
Impacto en obras asistenciales y educativos
Eduardo Presa, responsable del Área Tributaria de Alter Consultores, se muestra preocupado: “Muchas congregaciones concentran su labor asistencial en la sanidad y en la educación, por lo que los costes que están teniendo a la hora de aplicar todas las medidas de seguridad en sus centros son muy altos”. Los museos diocesanos, comedores sociales y colegios concertados han visto caer sus ingresos: muchos colegios han tenido que cancelar sus actividades extraescolares, y los donativos de las familias se han resentido.
Debate sobre fiscalidad y transparencia
Al mismo tiempo algunas voces reclaman que la Iglesia pague algunos impuestos de los que está exenta, como el IBI tal y como ya se ha aprobado en Italia. La Conferencia Episcopal española ya se ha opuesto. La Comisión de Hacienda aprobó una propuesta que insta a elaborar un estudio detallado sobre el impacto económico que tienen para Gipuzkoa los beneficios y exenciones fiscales de las distintas confesiones religiosas, en particular de la Iglesia Católica. PNV y PP votaron en contra, recordando que «la Iglesia no tiene ánimo de lucro» y que es injusto hablar de ella «como una entidad privada sin tener en cuenta el servicio» que realiza.
Transparencia y rendición de cuentas
Es necesario reconocer que nuestra sociedad ha fracasado a la hora de establecer mecanismos adecuados de exigencia de responsabilidades o de rendición de cuentas. Ni nuestro sistema partitocrático fomenta el asumirlas, ni los mínimos éticos generalmente aceptados parecen imponerlas. Ésta es la verdadera causa de corrupción de la que hablaban los clásicos: una en la que las instituciones no sólo no frenan, sino que sirven de coartada y de disfraz a la pretensión de ser juez y árbitro de la propia causa.
En el estricto ámbito notarial y registral, por ejemplo, la utilización de una institución del Estado para difundir una visión doctrinal coincidente con intereses corporativos concretos constituye un caso de corrupción institucional en el sentido republicano del término. Es normal que quien forma parte de un estamento profesional defienda sus principios de buena fe, pero ese corporativismo cuando llega a instrumentalizar instituciones públicas contribuye al descrédito generalizado.
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Hacia una caracterización integral de la crisis
Ante esta situación, propongo una caracterización integral que permita enmarcar el colapso institucional a partir de cuatro dimensiones interrelacionadas. Nos encontramos en el tercer estadio. Anomia institucional, pérdida de confianza, colapso funcional, fractura interna. La tormenta perfecta se ha instalado en el corazón del Estado.
La percepción de impunidad, la ocupación partidista de instituciones, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y la instrumentalización corporativa de organismos públicos constituyen el caldo de cultivo que deteriora la legitimidad y el funcionamiento tanto del Estado como de entes sociales y religiosos. Sólo la asunción colectiva de responsabilidades, junto a medidas prácticas de transparencia y la implicación real de los fieles y ciudadanos en la gestión, pueden abrir vías de reparación.
Medidas prácticas urgentes (resumidas)
- Visibilizar y auditar proyectos concretos y el uso de lo recaudado.
- Facilitar donaciones digitales y sistemas de aportación periódica (Bizum, transferencias).
- Explorar modelos de participación laica en la gestión parroquial, con supervisión diocesana.
- Estudios públicos sobre el impacto fiscal y social de exenciones y beneficios.
- Refuerzo de mecanismos de rendición de cuentas y control ético en instituciones públicas y confesionales.
No cabe duda de que en este momento político y económico asumir ese riesgo (de ignorar la crisis de legitimidad) es algo absolutamente temerario. Los ciudadanos han demostrado paciencia y fortaleza, pero esto sólo puede durar si perciben que sus representantes están también dispuestos a relegar sus intereses particulares a un segundo plano y a luchar por la imprescindible regeneración institucional que tanto necesitamos.
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