Juristas y médicos forenses de Sevilla impartieron un taller a los pediatras del Hospital Universitario Virgen Macarena sobre cuestiones médico-legales que se encuentran en su día a día. De igual manera, estos expertos del derecho ilustraron a los galenos sobre las materias en las que un joven puede prestar autónomamente su consentimiento.
La actividad formativa, de gran utilidad para los médicos pediátricos, ha tratado la importancia del valor de los documentos médicos, donde se plasman de forma escrita las actuaciones clínicas que contienen información asistencial en sus relaciones profesionales con otras entidades, ya sean sanitarias, judiciales o de otro tipo. Finalmente, se ha marcado un itinerario a los profesionales pediátricos acerca de cómo actuar en caso de instrumentalización del menor.
Hechos que motivaron el procedimiento penal
Una pediatra del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Macarena del Carmen Anchoriz, se sentará el próximo lunes en el banquillo acusada de un delito de falsedad y otro de simulación por la «invención» de una denuncia de agresión o abusos sexuales a una niña de 14 años que, según otra prueba médica, no sufrió tal agresión. La Fiscalía acusa a Anchoriz, pediatra considerada «facultativo referente en el maltrato infantil» según la página web del SAS, de un delito de falsedad y otro de simulación.
Según el escrito del Ministerio Público, todo comenzó cuando en marzo de 2015, una niña de 14 años, acudió al médico aquejada de una úlcera en la zona genital. El facultativo que la asistió en el Virgen del Rocío detectó una «lesión erosiva en mitad inferior del labio menor y mayor de la zona genital» y tomó muestras para analizarlo. Ese análisis dio positivo a un «herpes tipo 2», un virus que se contagia por transmisión sexual. Ahí empezó todo.
Pese a que la niña juró que no había mantenido relaciones, la pediatra activó el protocolo para las víctimas de abusos sexuales. Contactó con los padres y con la propia adolescente, quienes «en ningún momento le indicaron o mostraron datos que señalasen infracción relativa a agresión, abuso sexual o malos tratos». Sin embargo, la doctora insistió tanto a la chica como a los padres de que «podía existir un posible abuso sexual». E insinuó que pudo ocurrir «en el ámbito familiar».
Según el fiscal, la acusada «sin conocimiento del médico y sin existir evidencias de delitos contra la libertad sexual, sino de una posible enfermedad relacionada con un contacto sexual diagnosticada erróneamente, envió al juzgado un parte señalando agresión sexual y maltrato». Un juzgado abrió una investigación. Y esas pesquisas determinaron que no existía indicio alguno de abuso y que el diagnóstico había sido erróneo.
La evolución de las pruebas y la acusación
El fiscal considera que la denuncia de la pediatra y los datos relativos a la agresión sexual fueron «una invención» ya que los nuevos análisis dieron como resultado que el diagnóstico anterior había dado negativo al herpes y que la niña sólo padecía una úlcera. La joven, citada como testigo, tiene 17 años. Dijo al juez que, pese a que había insistido en que nadie le había hecho nada y que siempre pensó que las pruebas médicas estaban equivocadas, la pediatra insistió en los abusos.
Ayer desde el Hospital Virgen del Rocío dijeron que la doctora sigue trabajando «dado que el juez no ha visto indicios para imponer medidas cautelares que impliquen la suspensión de su actividad mientras se resuelve el caso», y manifestaron su respeto a la actividad judicial. E insistieron en que el hospital colabora siempre con la justicia para esclarecer las denuncias.
Desde el hospital se refirieron a la doctora en cuestión como una profesional «de trayectoria intachable» en el campo de la Pediatría Social. En este sentido, aseguraron que los especialistas en pediatría de este hospital siempre anteponen el bien del menor y siguen el protocolo de actuación previsto ante agresiones sexuales del SAS.
Reacciones profesionales y apoyo a la pediatra
El resumen más certero del desgraciado ‘caso Anchóriz’ lo hacían el exgerente médico del hospital Macarena Laureano Fernández y 148 profesionales más en una carta publicada el pasado día 1 en Diario de Sevilla. Con el título de ‘Los profesionales sanitarios ante el maltrato infantil’ y tras recordar que, desde hace varias décadas, el Virgen del Rocío cuenta con una Unidad de Pediatría Social que ha atendido casos tanto de Sevilla como de otras provincias, los firmantes resumían así lo sucedido:
“Lo que se comunicó como una sospecha de maltrato dentro del protocolo con el que se lleva trabajando todas esas décadas se malinterpretó como una denuncia falsa, y a partir de ahí se han sucedido informaciones que desafortunadamente han tenido como consecuencia un juicio paralelo a una profesional muy respetada por todos los pediatras de Andalucía y de fuera de nuestra comunidad”.
La acusación del fiscal recogida por ABC ha provocado un notable malestar en el sector de la Pediatría de Sevilla. Muchos médicos han defendido en redes sociales la inocencia de la acusada y han considerado que el encausamiento de su compañera supone una intimidación en la labor profesional de este colectivo. El Colegio de Médicos de Sevilla recordó ayer en un comunicado «la importancia de los protocolos de actuación ante el maltrato hacia niños y adolescentes, de acuerdo con los postulados del Servicio Andaluz de Salud y de la propia Organización Médica Colegiada».
Añade también que «defendemos la presunción de inocencia a la que cualquier ciudadano tiene derecho y el papel de la institución médica como garante de los derechos de todos sus colegiados».
La sentencia y la valoración judicial
Es seguro que el fiscal Norberto Sotomayor Alarcón, que pedía para Anchóriz penas que sumaban casi cuatro años de cárcel, no habrá quedado nada contento con la sentencia dictada el pasado 1 de abril por el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla integrado por los magistrados José Manuel de Paúl Velasco, Margarita Barros Sansinforiano y Francisco Gutiérrez López.
Y nada contento no por la absolución misma de la acusada, que a fin de cuentas sería un gaje más del oficio de fiscal, sino porque la sentencia dice textualmente que en “este dilatado proceso no debió llegar siquiera a abrirse juicio oral”. Y nada contento porque, más allá de la contundencia con que el tribunal dicta su absolución, el ponente de la sentencia escribe en ella que “solo estupefacción puede producir al tribunal que la referida acusación de falsedad se dirija a la Dra. Anchóriz”.
Para el tribunal, el herpes genital que médicos del servicio de Urgencias del Hospital Virgen del Rocío diagnosticaron a la niña en marzo de 2015, dando traslado del mismo a la Unidad de Pediatría Social que gestiona la doctora Anchóriz, justificaba sobradamente la sospecha de que la chica podía haber sido víctima de abusos o agresión sexual, ya que dicho herpes “es una enfermedad de transmisión sexual y solo sexual”.
La chica y los padres siempre negaron tal posibilidad. También lo hizo la Fiscalía, impulsora de la denuncia y para quien la hipótesis de la agresión sexual era una “mera invención de la acusada”. Todo lo contrario opina el tribunal sentenciador: la doctora “nada inventó ni nada falseó, y la hipótesis acusatoria es por completo insostenible”.
Aunque en una segunda exploración realizada a la chica el 20 de abril en la consulta de Dermatología del hospital no había rastro visual de la úlcera genital, lo cual llevó a la Fiscalía a concluir que el anterior diagnóstico había sido “erróneo”, la sentencia descalifica esta “atrevida afirmación del escrito de acusación”, y lo hace subrayando con tono algo zumbón que habría bastado “una excursión por la web para informarse” de que, en las fases de latencia, el virus causante del herpes genital “se excreta de modo intermitente, variable e impredecible”, por lo que la nueva prueba solo habría arrojado “un resultado positivo por afortunada coincidencia de la toma de la muestra con uno de esos momentos de excreción”.
En consecuencia, la doctora “no tenía ningún motivo racional para poner en duda” el diagnóstico inicial de los médicos de urgencias, ni tampoco para desechar unas sospechas de agresión apuntaladas, además, por el hecho de que la chica había sufrido problemas de acoso escolar y fue por ello trasladada a otro instituto.
La contundencia de los argumentos médicos aportados por el tribunal sugiere que tal vez ni la Fiscalía ni el Juzgado de Instrucción 15 de Sevilla hicieron bien su trabajo, dado que ni siquiera habrían llegado a realizar esa simple “excursión por la web para informarse” de que el herpes que tenía la niña solo se podía producir por contacto sexual.
Impacto personal y profesional en la pediatra
Macarena Anchóriz el proceso judicial le ha partido la vida en dos. Quien entró en el túnel judicial en 2015 no es la misma persona que ha visto la luz cuatro años (y muchas lágrimas) después. «Quiero recuperar mi honor». Es la frase que, en conversación con este periódico, repite la doctora Macarena Anchóriz mientras repasa ese procedimiento del que, como deja entrever la sentencia absolutoria, la justicia no tiene precisamente motivos para sentirse orgullosa.
«Quiero recuperar mi honor», repite mientras, al borde del llanto pero reteniéndolo con determinación, rememora la aflicción que le ocasionó ver publicado su nombre completo en un diario de Sevilla de gran circulación que se hizo eco del procesamiento en varios artículos con un sesgo condenatorio muy marcado.
Otras polémicas en los hospitales y relación con consentimiento informado
La Fiscalía de Sevilla investigará el estudio clínico realizado por cuatro médicos del Departamento de Medicina Interna del Hospital Virgen Macarena para determinar si utilizaron muestras de enfermos que estaban ingresados en ese centro hospitalarios para ese ensayo sin contar con su consentimiento informado, según han confirmado fuentes del Ministerio Púbico a este diario.
En su escrito ante la Fiscalía, el médico denunciante alega que los hechos pueden constituir un delito contra la intimidad, recogido en el artículo 197 del Código Penal, y una “infracción contra la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales, la Ley de Investigación Biomédica y la Ley General de Sanidad”, según consta en el documento.
Precisamente, a raíz de otra denuncia interpuesta por ese mismo facultativo el pasado mes de octubre, la Agencia Española de Protección de Datos también abrió su propia investigación, como adelantó este diario. La entidad, trasladó la reclamación al delegado de Protección de Datos del SAS el día 9 de noviembre de 2023 y a mediados de agosto de este año ha solicitado al médico denunciante que le remita todas las pruebas sobre las presuntas irregularidades que ha puesto en su conocimiento, según ha podido confirmar EL PAÍS.
Los hechos denunciados se remontan a marzo de 2023, cuando un paciente hospitalizado en el Virgen Macarena por descompresión y complicaciones por pie diabético preguntó a su médico denunciante por el resultado de unos análisis que le habían practicado. El facultativo, según ha trasladado a este diario, se mostró sorprendido porque él desconocía que se hubieran practicado esas pruebas y “desde luego no las había autorizado”.
Cuando preguntó a la compañera que las había realizado, esta le indicó que formaban parte de su tesis doctoral y cuando inquirió al responsable de ese proyecto, le aseguró que se trataba de “análisis puntuales”.
El médico a cargo de esos pacientes pudo constatar, sin embargo, que entre marzo y mayo de 2023 se habían extraído una veintena de muestras, “una cantidad considerable y nada puntual”, según explicó el facultativo a EL PAÍS. Su desconcierto aumentó cuando comprobó que esas muestras formaban parte del estudio clínico Nuevos biomarcadores pronósticos para la Enfermedad Arterial Periférica, sobre pacientes hospitalizados con pie diabético, elaborado por los profesionales del Departamento de Medicina Interna del Virgen Macarena a los que había consultado sobre las analíticas.
Ese estudio, que fue presentado en una reunión pública en el propio hospital el 25 de mayo de ese año, contaba además con un dictamen desfavorable por parte del Comité de Ética e Investigación de los Hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío. Este informe, que es preceptivo para cualquier investigación en humanos, se otorgó en junio de 2023, es decir, con posterioridad no solo a la presentación del estudio, sino al inicio de las tomas de muestras presuntamente irregulares.
El facultativo denunciante considera que este proceder contraviene la Ley de Investigación Biomédica que establece que el Comité de Ética de Investigación Clínica, debe emitir un informe favorable “previo y preceptivo” a la autorización y desarrollo de investigaciones en humanos. Sobre el uso de muestras biológicas de pacientes, la norma también advierte de que es necesario el “consentimiento expreso y escrito” del participante una vez haya recibido la información adecuada. “No se proporcionó a los pacientes información detallada sobre el propósito del estudio, ni se obtuvo su consentimiento informado para participar en él, vulnerando con ello la Ley de Protección de Datos en materia de investigación”, se indica en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Sevilla.
Precisamente, por la presunta vulneración de los derechos de los pacientes, el Defensor del Paciente también presentó en febrero de este año una petición a la Fiscalía de Sevilla para que realizara “una investigación exhaustiva” sobre esa realización de análisis sin el consentimiento de los hospitalizados por entender que de confirmarse supondría “entre otros delitos, el de abuso de poder”, según el escrito remitido al Ministerio Público.
Relevancia de protocolos y presunción de inocencia
El Colegio de Médicos de Sevilla recordó ayer en un comunicado «la importancia de los protocolos de actuación ante el maltrato hacia niños y adolescentes, de acuerdo con los postulados del Servicio Andaluz de Salud y de la propia Organización Médica Colegiada». Añade también que «defendemos la presunción de inocencia a la que cualquier ciudadano tiene derecho y el papel de la institución médica como garante de los derechos de todos sus colegiados ».
La situación descrita pone de manifiesto la tensión entre el deber de protección del menor por parte de los profesionales sanitarios y la necesidad de diligencia probatoria y respeto a los derechos fundamentales en las investigaciones posteriores. “La presencia, cada vez mayor de familias monoparentales por separación o divorcio nos pone en ocasiones en situaciones en las que hay que saber que actitud legal hay que tomar”, argumenta la responsable del servicio de Pediatría.
Protocolo de intervención ante maltrato infantil, abuso sexual y violencia de género
Cronología resumida de momentos clave
- Marzo 2015: niña de 14 años acudió al médico por una úlcera genital y se detectó una lesión erosiva; muestra positiva a herpes tipo 2.
- Activación del protocolo de abusos sexuales y envío de parte judicial por la pediatra Anchóriz.
- Investigación judicial que concluye en ausencia de indicios de abuso y cuestionamiento del diagnóstico inicial.
- Procesamiento y posterior traslado del procedimiento a la Audiencia de Sevilla por la gravedad de las penas solicitadas por la Fiscalía.
- Sentencia absolutoria por parte de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla que considera insostenible la hipótesis acusatoria.
Tabla: penalidad solicitada por la Fiscalía y contexto procesal
- Delitos imputados: falsedad en documento público y simulación de delito.
- Penas solicitadas por la Fiscalía: tres años y un mes de prisión, multa de siete meses con cuota diaria de nueve euros y posible inhabilitación para cargo público; en otra referencia se solicitaban hasta tres años y nueve meses.
- Determinación sobre competencia: remisión a la Audiencia de Sevilla por tipificación del delito de falsedad con penas que pueden llegar hasta seis años de prisión.