El horror de los abusos y agresiones sexuales a menores en el seno de la Iglesia ya cuenta con un informe oficial e independiente que certifica que es una realidad que existió en España y que ha permanecido durante años cubierta por un manto de silencio. En el inicio de 2022, la acumulación de testimonios de víctimas elevó la presión institucional sobre el escándalo de la pederastia en la Iglesia. En marzo, el Congreso encargó al Defensor del Pueblo una investigación independiente sobre los casos de abusos sexuales en instituciones católicas en las últimas décadas y el papel de los poderes públicos.
Alcance de las denuncias recibidas
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha reconocido que entre 2020 y 2025 ha recibido un total de 1.131 denuncias por abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, en las que se señala a cerca de un millar de presuntos agresores, en su mayoría clérigos. Son los datos que ha ofrecido el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) César García Magán en la rueda de prensa celebrada este viernes para informar de la Asamblea Plenaria celebrada esta semana por los obispos.
El informe, de 777 páginas, recoge también una encuesta que revela que el 0,6% de la población ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico. Ese porcentaje se extrae de un sondeo realizado por la empresa GAD3 en base a una muestra de 8.013 personas. Ese estudio demoscópico apunta que son decenas de miles los menores que han sufrido abusos sexuales en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.
La encuesta revela que un 11,7% de la población española afirma haber sufrido abusos sexuales siendo menor de edad y que un 1,13% asegura que esos abusos se produjeron en un ámbito religioso. Extrapolando ese porcentaje, supondría que hay en España unas 450.000 víctimas de abusos vinculadas a la Iglesia y que 240.000 fueron agredidas por curas o personas consagradas. La pregunta genérica sobre abusos revela que una de cada 10 personas en España los han sufrido.
Dinámicas de ocultación y malas prácticas
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes en el Congreso de los Diputados el documento Una respuesta necesaria, en el que la institución reconoce las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” que han funcionado en muchas congregaciones y órdenes religiosas y reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a las víctimas que incluya aportaciones de la Iglesia. “Ha predominado cierta voluntad de ocultamiento, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de abusadores a otras parroquias o centros docentes son un ejemplo de malas prácticas.”
En el informe no han participado representantes de la Iglesia católica a pesar de que Gabilondo consideró que su aportación haría que el informe fuera “más fecundo”. “Mentiría si dijera que nadie ha colaborado o que ha habido una colaboración extraordinaria [...]. Ha habido una colaboración dispar. Algún obispo no solo nos ha contestado sino que nos ha reñido. Algún otro nos ha mandado una información vacía de contenido. Otros lo han hecho bien, lo cual demuestra que se puede hacer bien.”
Propuestas de reparación y responsabilidades
El informe incluye también fórmulas de reparación para las víctimas que no tienen opción de acudir a la justicia ordinaria porque los posibles delitos han prescrito. En este punto, el Defensor del Pueblo plantea como “opción más deseable” la creación de un órgano “mixto entre Iglesia y Estado”, de carácter temporal e integrado por especialistas en el que estos casos sean tratados mediante un proceso restaurativo o con posibilidad de acordar reparaciones en base a un baremo. Pero su creación exige que la Iglesia católica asuma el compromiso de hacerse cargo de “la totalidad o una parte sustancial” de las indemnizaciones.
En caso de que la Iglesia se negara a colaborar, el Defensor del Pueblo propone la creación de un órgano administrativo que pudiera dictar pronunciamientos expresos sobre la condición de víctima, de cara a obtener el reconocimiento y las medidas reparadoras adecuadas, que también estarían tasadas. Ambas propuestas requerirían una ley específica.
Gabilondo ha pedido que se haga un acto público de reparación, para lo que ha solicitado “el compromiso de la Iglesia católica”. Además, respecto a las indemnizaciones, Gabilondo señaló que no puede depender del criterio de diferentes instituciones, por lo que pide un fondo estatal específico. “Un fondo que acuerde un órgano especial de carácter temporal, que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos donde no se haya podido proceso penal contra el victimario”. Es inevitable que colabore económicamente para las compensaciones, y creo que a esta altura la Iglesia ya debe ser consciente de eso”, ha asegurado.
Investigación, unidad de atención y asesoramiento
El equipo para investigar este asunto ha estado dividido en “tres ámbitos de actuación”: una comisión asesora de expertos, un foro de diálogo con las asociación de víctimas y una Unidad de Atención a las Víctimas (UAV). La comisión asesora ha estado compuesta por una veintena de personas. Se trata de expertos que pertenecen al ámbito profesional o académico y tienen experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos en victimología o en los ámbitos jurídico y sobre derechos humanos.
En este contexto, la Conferencia Episcopal anunció que se ha convocado una Asamblea Plenaria Extraordinaria para el lunes, en la que los obispos, de manera online o presencial, estudiarán y valorarán el informe. También analizarán la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que le encargó sobre este mismo tema la CEE.
Patrones: traslados, envíos al extranjero y nuevos casos
La Iglesia española no solo ha utilizado el sistema de cambiar a sacerdotes de parroquia, o destino dentro de una orden, tras ser acusados de abusos de menores. Otro patrón de conducta de las últimas décadas ha sido trasladarlos al extranjero. Así lo confirman fuentes de los organismos vaticanos de Tutela de Menores, que reconocen que pudo ser una táctica relativamente común en España y otros países. EL PAÍS ha documentado hasta 18 casos de curas denunciados o condenados por abusos que han recalado en otros países o han sido acusados o detenidos en el extranjero. En Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Honduras, Estados Unidos, Benín y Kenia.
Uno de los ejemplos más flagrantes es el de Jordi Ignasi Senabre, denunciado por un monaguillo de 13 años de Barcelona en 1988 y que se dio a la fuga. Este periódico le ha localizado en Ecuador, donde ha ejercido hasta hoy como sacerdote, y el obispado de Barcelona ha sabido en todo momento su paradero, según la diócesis ecuatoriana de Santo Domingo. En ocasiones no pudieron investigarse por falta de colaboración de los obispos o porque las víctimas prefirieron no aportar su testimonio.
En los 18 casos analizados se distinguen dos tipos de situaciones: religiosos que son descubiertos en España y son trasladados al extranjero, y aquellos que son detenidos en otro país por estos delitos. Surge entonces la duda de si tuvieron acusaciones previas en su lugar de origen, como acaba demostrándose en ocasiones. El traslado también depende de los contactos del obispo en el extranjero. De ahí, apunta el vicario, que sea más común en las órdenes religiosas.
Casos paradigmáticos y consecuencias para las víctimas
El mayor caso de las últimas décadas en Cataluña fue el de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y de María Madre de la Iglesia (MCSPA), de Albert Salvans, Pere Cané y Francisco Andreo, el mayor caso de abusos en la Iglesia catalana de las últimas décadas. La situación de muchos de los casos más importantes de ese periodo llegaron a conocerse en Roma bastante más tarde de que hubiera sucedido.
La vulnerabilidad de los menores que "habían sido manipulados desde muy pequeños" y el control sobre ellos provocó, detalla el escrito remitido al juez, casos de agresión sexual, "ya que resultaron un blanco fácil" para los autores de estos ataques. El abuso sexual le provocó una hipersexualización cuando era menor. Además, padeció ataques de ansiedad durante un año y medio. La alteración era tan intensa que tenía que caminar por la calle acompañada de su padre.
Para José Ramón Juárez, psicólogo y perito en algunos de los casos de abusos juzgados en Chile, no solo hay que considerar la dificultad de la víctima para denunciar, sino la inferioridad del abusado frente a la Iglesia. “Para la víctima no es solo David contra Goliat, es casi David contra el representante de Dios”. Juárez subraya que las jerarquías eclesiásticas suelen tener más influencia en estos países, “bien por la gran diferencia entre clases sociales o por la fuerte presencia social que poseen por sus numerosas actividades de caridad, lo que se traduce en una mayor impunidad”.
Reacciones institucionales y desafíos pendientes
El portavoz de los obispos, César García Magán, explicó que “el decreto no es específico para abusos; ha habido un error de comunicación o de comprensión”. En realidad, se trata de una norma de carácter general que contempla sanciones para distintos delitos dentro del ámbito eclesial. El pasado lunes, en la inauguración de la Asamblea, el presidente de la CEE, Luis Argüello, anunció que los obispos iban a estudiar un decreto para castigar a los clérigos que hayan cometido abusos. Sin embargo, según lo explicado por García Magán, ese decreto no se circunscribe a este ámbito únicamente.
Gabilondo confía en que la Iglesia católica esté a la altura del desafío que se le presenta y la oportunidad que se le da de abordar este tema. “Confío en que la iglesia católica esté a la altura de la ocasión que se le brinda para abordar el asunto en toda su integridad.” Ha señalado que, en cualquier caso, el dinero debe provenir de la propia Iglesia y que “el Estado vele por ese proceso y que le dé las garantías de que se hace de modo objetivo, transparente y público”.
Tabla resumen: cifras y propuestas clave
- Denuncias recibidas por la CEE (2020-2025): 1.131
- Presuntos agresores señalados: cerca de 1.000
- Encuesta GAD3: 0,6% población agredida por sacerdote/religioso
- Encuesta: 11,7% sufrió abusos de menor; 1,13% en ámbito religioso
- Propuestas del Defensor del Pueblo: órgano mixto Iglesia-Estado; fondo estatal de indemnizaciones; acto público de reparación
El mandato de la investigación fue aprobado por todos los grupos de la Cámara, salvo Vox. El informe reclama la creación de instrumentos y garantías para la reparación y para evitar la impunidad, lo que exigirá coordinación entre Estado e instituciones eclesiales y, en su caso, legislación específica.
Vías de avance y transparencia
Una mayor transparencia, cooperación institucional y medidas reparadoras claras son pasos imprescindibles para afrontar la magnitud del problema. Ha predominado cierta voluntad de ocultamiento, con la consiguiente desconsideración a las víctimas, y por ello las iniciativas que permitan desenmascarar y acabar con la lacra de los abusos en la Iglesia cuentan siempre con el apoyo de esta institución y de la comunidad cristiana, según han defendido algunos responsables eclesiásticos.
El mayor de los escándalos sería no colaborar con una sociedad que quiere saber, ha dicho el Defensor del Pueblo, subrayando la necesidad de respuesta pública, medidas reparatorias, y que el dinero destinado a las indemnizaciones tenga compromiso claro por parte de la Iglesia.
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