La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se convirtió en el centro de la polémica tras las declaraciones que realizó sobre la exhumación de Francisco Franco y el supuesto acuerdo con la Santa Sede para evitar que los restos fueran inhumados en la catedral de La Almudena. El choque entre el Ejecutivo y el Vaticano forzó una aclaración pública por parte de la Santa Sede que matizó y, en la práctica, desmintió las afirmaciones de Calvo sobre el contenido del encuentro mantenido con el cardenal Pietro Parolin.
Qué dijo Calvo y por qué generó controversia
Tras reunirse con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, la vicepresidenta anunció que "trabajaremos de forma conjunta, tanto la iglesia como el Gobierno de España, para que los restos de Franco no se inhumen en la catedral de la Almudena", y llegó a afirmar que "lo que acordamos fue estar de manera conjunta tanto el Gobierno como la Iglesia para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena".
Calvo insistió en el Congreso y en varias comparecencias que había un acuerdo y que la Santa Sede había mostrado disposición para buscar alternativas al enterramiento en la Almudena. La vicepresidenta apeló además a la Ley de Memoria Histórica para sostener que el Estado debe garantizar que no se enaltezca a Franco en ningún lugar del territorio.
La reacción del Vaticano: matización pública
Horas después, el Vaticano emitió un comunicado a través de su portavoz, Greg Burke, en el que puntualizó que "el cardenal Pietro Parolin no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación".
La Santa Sede reconoció que "es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de La Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia", y que "al cardenal secretario de Estado le pareció oportuna esta solución". No obstante, el comunicado dejó claro que la Santa Sede "no se ha pronunciado nunca sobre la oportunidad de la exhumación ni sobre el lugar de la sepultura, porque no es de su competencia".
Por qué el desmentido del Vaticano fue sorprendente
- El Vaticano no acostumbra a desmentir públicamente a otros gobiernos y raramente corrige el relato de una reunión diplomática.
- Varios diplomáticos y exembajadores calificaron de "insólito" y "rarísimo" que la Santa Sede lanzara una aclaración desmintiendo el contenido comunicado por un interlocutor estatal.
- El desmentido se produjo con retraso respecto a las declaraciones del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta, lo que creó confusión en Madrid sobre la naturaleza exacta del diálogo con Roma.
Contexto: los pasos previos y la estrategia del Gobierno
Desde que Pedro Sánchez anunció la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, el Ejecutivo ha vivido una sucesión de equívocos, rectificaciones y matizaciones. La familia Franco presentó alegaciones al Real Decreto del Gobierno, recurrió administrativamente y barajó vías como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Gobierno esperaba que la familia aceptara trasladar los restos a Mingorrubio (El Pardo), donde descansa Carmen Polo, pero los nietos de Franco y su albacea insistieron en la cripta de La Almudena. El Ejecutivo consideró entonces necesario explorar alternativas y, en ese marco, la vicepresidenta viajó a Roma para reunirse con Parolin y tratar de encontrar apoyo diplomático y eclesiástico.
La carta de Parolin y la posición de la Santa Sede
El Gobierno llegó a hacer pública una carta parcial del secretario de Estado en la que este afirmaba que "la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco si la Autoridad competente así lo dispone". Paralelamente, la Santa Sede remarcó que la exhumación "es competencia del Estado español y está sometida al Derecho y a la Justicia española".
Reacciones internas y políticas
En el Grupo Socialista se expresó estupor por la "torpeza" de Calvo y algunos parlamentarios consideraron que forzar públicamente al Vaticano para que confirmase algo que no había acordado fue un error. Francisco Vázquez, exembajador ante la Santa Sede, afirmó que se trató de "un abuso de confianza" y una interpretación torticera de la reunión.
Por su parte, la Conferencia Episcopal, a través de su vicesecretario económico, dio por zanjado el asunto con un "Roma locuta, causa finita", entendiendo que la palabra de Roma es suficiente para cerrar la discusión desde la óptica eclesial.
Aspectos legales y el papel de la Ley de Memoria Histórica
El Gobierno invocó los artículos 15 y 16 de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y el preámbulo del Real Decreto de 24 de agosto para justificar que puede impedir la inhumación en La Almudena si con ello se produce exaltación del franquismo. El artículo 15 encomienda a las Administraciones públicas tomar medidas para retirar símbolos de exaltación de la dictadura; el artículo 16 regula el Valle de los Caídos y prohíbe actos de naturaleza política o exaltación del franquismo en el recinto.
El desenlace y el estado del procedimiento
La exhumación finalmente se llevó a cabo y previamente el procedimiento se fue tramitando entre recursos administrativos y judiciales. Aun así, el episodio del desmentido dejó en evidencia la complejidad diplomática y política que rodeó una decisión que el Ejecutivo defendía como medida para la dignidad de las víctimas y la no exaltación del franquismo.
Gobierno muestra al Vaticano su discrepancia sobre la exhumación de Franco
Tabla resumen de posiciones
- Gobierno: busca evitar la inhumación en La Almudena y ampara su actuación en la Ley de Memoria Histórica.
- Vicepresidenta Carmen Calvo: aseguró haber alcanzado un acuerdo con el Vaticano para evitar La Almudena.
- Vaticano/Santa Sede: reconoció la preocupación expresada por Calvo, consideró oportuna la búsqueda de alternativas y pidió diálogo con la familia, pero no acordó ni se pronunció sobre el lugar de la inhumación.
- Familia Franco: insiste en inhumar en la cripta de La Almudena y presenta alegaciones legales al decreto del Gobierno.
- Arzobispado de Madrid: afirmó que no había alcanzado acuerdo con el Gobierno sobre la ubicación de los restos.
El episodio marca un precedente inusual en la relación entre España y la Santa Sede y subrayó la dificultad de gestionar un asunto con fuerte carga simbólica, histórica y jurídica que involucraba a la Iglesia, al Estado y a la familia del dictador.